En el borrador del Esquema Provisional de Esquemas Importantes, la CHJ reconoce el mal estado general de las masas de agua, la grave situación en que se encuentran los acuíferos y la mayoría de los ecosistemas acuáticos, ríos, zonas húmedas, los arroyos y los pequeños espacios del agua. Este diagnóstico ya ha sido definido por las asociaciones conservacionistas hace más de 20 años, nos complace que por fin la CHJ sea consciente, pero lamentamos que llegue tarde. Lamentamos que, en estos años perdidos, se han abierto miles de pozos, miles de nuevas concesiones que han agravado el deterioro ambiental y dificultan la recuperación del equilibrio hidrológico a corto-medio plazo. Es necesario que recordemos que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar y las políticas agrarias de la Junta son los principales responsables de haber llegado a esta situación.
La previsión del cambio climático, con incremento de las temperaturas, reducción de las precipitaciones, alteraciones de los patrones temporales y espaciales, así como el incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, sequías e inundaciones, se deducen las evidencias negativas para todos los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad en general. Con este negro horizonte, las políticas de gestión del agua, aún insisten en la suicida premisa de mantener la satisfacción de las demandas de una agricultura insostenible, de uso privado de un bien común, que esta poniendo en riesgo incluso derechos esenciales como el abastecimiento.
Por tanto, desde ACEM consideramos que es imprescindible como primera medida reducir el consumo de agua del regadío, además de otras medidas como mejorar la eficiencia y/o cultivos menos demandantes de agua, y reducir el uso de fertilizantes y fitosanitarios, agrotóxicos que ocasionan la mala calidad del agua. Para ello es imprescindible cambiar las políticas agrarias actuales de regadíos orientados a la exportación o alimentación animal, de agricultura intensiva, de cambio de cultivos de leñosos de secano a regadíos o de la burbuja de las macrogranjas. Por desgracia, la palabra que más sigue repitiendo la Confederación para referirse al agua, es como “recurso”, pero bien entrados en el siglo XXI, la definición del agua va mucho más allá de simple recurso, mucho antes el agua es, un bien común de la sociedad, elemento esencial para el mantenimiento de la vida, de los ecosistemas fluviales, de la biodiversidad…..
Por eso lamentamos, que se siga insistiendo en la vieja política del agua, que las soluciones e inversiones principales planteadas el EPTI pivoten en la sustitución de bombeos para el mantenimiento de regadíos insostenibles, para consolidar unos “derechos de agua” que exceden la renovación natural del sistema. Es decir, reducir la presión sobre las aguas subterráneas, aumentando la presión en las aguas superficiales del Júcar. Un río que se encuentra ya en una situación de sobreexplotación, que además debe de cumplir unos objetivos medioambientales con un régimen efectivo de caudales ecológicos, y por si fuera poco, resultado del cambio climático, con un reducción actual y previsión de mayores reducciones de su caudal en el futuro próximo.
Desde ACEM, consideramos que es necesario abandonar la actual política de gestión del agua cortoplacista. La situación de emergencia climática, de sobreexplotación y mala calidad de las aguas, obliga a tomar decisiones valientes que solo pasan por cuidar las aguas subterráneas y las superficiales, contemplando un medio-largo plazo para conseguir los objetivos ambientales. Para nosotros las decisiones propuestas deben priorizar los beneficios sociales y ambientales, por eso proponemos el cumplimiento íntegro de los caudales ecológicos del rio Júcar y Cabriel, inversiones en mejoras de biodiversidad como recuperación y restauración ambiental de tramos de ríos degradados, mejorar de la permeabilización con la eliminación de obstáculos a la continuidad longitudinal, la recuperación para el futuro de ecosistemas perdidos, fuentes y manantiales, medidas para garantizar la calidad y cantidad de las aguas, controlando los contaminantes tanto directos como difusos, (nitratos, pesticidas,.…)
La reconversión del sector agrícola debe contar con el apoyo y coordinación de todas las administraciones implicadas, con el fin de que la afección social sea la menor posible. Nuestra propuesta es que esta reconversión sea a un modelo agroecológico, que, a nuestro criterio, es deseable, es necesario, sobre todo es viable económicamente y socialmente, y es una oportunidad de fijar población en el mundo rural.
Una de nuestras prioridades es la revisión y extinción de concesiones de agua subterráneas con bajo impacto social y gran impacto ambiental, como pueden ser las de grandes concesiones, algunas de ellas con consumos ingentes de agua, u otras concesiones causantes del secado de fuentes y manantiales. Para ello solicitamos la realización de un estudio socioeconómico, para valorar el impacto ambiental en relación al interés social de las concesiones, puestos de trabajo, utilidad para fijar población rural, impacto económico en las zonas donde se realizan las extracciones, si los beneficios económicos están bien distribuidos o benefician a unos pocos propietarios, que contemple los principales usuarios del agua, (grandes propietarios, riegos sociales, agricultores a título principal, inversiones en agricultura procedente de otros sectores económicos….). El objetivo de sería determinar todas las implicaciones para valorar las decisiones de revisión y extinción de concesiones.
Para nosotros la solución no puede ser otra que sumar y restar. Sumar la recarga natural de cada sistema de explotación, y restar los posibles usos. Todo lo que exceda la recarga natural es, por un lado, una hipoteca para las generaciones futuras a las que estamos robando su futuro, a los que les dejaremos unos saldos en números rojos de un recurso esencial como es el agua, y por otro lado, un expolio de la naturaleza, que sufre la sobrexplotación traducida en una pérdida de biodiversidad, lo que supone un medio natural menos resiliente ante el futuro de cambio climático. Pero en la situación actual de grave deterioro de los ecosistemas acuáticos, de incumplimiento de los objetivos ambientales, (tal y como reconoce en el propio texto del EPTI), no solo sirve sumar y restar para lograr el equilibrio. Es necesario para recuperar los ecosistemas de los espacios del agua, gastar menos que la propia recarga natural, hasta conseguir su total recuperación, y no volver a incurrir en los errores del pasado.
El reto que tenemos planteado es que se va a decidir, 7 años más de explotación o 7 años de recuperación de los ecosistemas acuáticos y de responsabilidad con nuestros hijos.
Solo hay un camino y la próxima ciclo de planificación, CHJ y que es quien tiene el cometido de recuperar el buen estado de las masas de agua, cumpliendo rigurosamente la Directiva Marco del Agua.
Para más información, alegaciones completas de ACEM al Esquema Provisional de Temas Importantes en: https://ecologistasmanchuela.org/alegaciones/epti-plan-hidrologico-de-la-cuenca-del-jucar-2021-2027