El texto regula tanto el funcionamiento del organismo autónomo “Agencia del Agua de Castilla-La Mancha”, como de la entidad de derecho público adscrita a éste “Infraestructuras del Agua en Castilla-La Mancha”. Mediante estos organismos públicos, y a través de obras de abastecimiento y depuración, se pretende atajar y revertir el gravísimo deterioro del agua y sus espacios naturales asociados en la región. Se pierde de vista que las causas del deterioro son la sobreexplotación cuantitativa y la contaminación cualitativa asociadas a un modelo de agricultura intensiva y de ganadería industrial depredador de recursos naturales como el suelo y el agua.

Para llevar a cabo estos costosísimos planes de infraestructuras hidráulicas a la vieja usanza, en el actual contexto de restricciones presupuestarias se propone la aprobación de nuevos impuestos (cánones) que permitan financiarlos: canon medioambiental, canon de aducción en alta y canon de depuración. Mientras los dos últimos cánones se vienen pagando desde hace tiempo en las facturas del agua de usos urbanos e industriales (al ayuntamiento, a empresa concesionaria o a Aguas de Castilla-La Mancha, según el caso), el canon medioambiental sería de nueva implantación, salvo a la agricultura de regadío y a la ganadería industrial, precisamente las dos actividades que mayor presión e impacto ambiental producen sobre el agua. Una incoherencia absoluta.

El anteproyecto de ley señala que la recaudación del canon ambiental deberá destinarse a “La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la planificación hidrológica de aplicación”. No obstante, no se especifica al respecto si se tratará de financiación de obras de infraestructura o de políticas públicas para cambiar un modelo productivo de agricultura y ganadería industrial agotado y sin futuro en un mundo donde el principal desafío es frenar el cambio climático. En la medida que es la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural la que promueve este anteproyecto de ley, y siendo notoria su apuesta acrítica y continuada en los últimos años por el modelo del agronegocio y las macrogranjas, no cabe depositar demasiadas esperanzas en que el medio ambiente castellano-manchego en general, y el asociado al agua en particular, pueda experimentar mejoras en los próximos años, más bien todo lo contrario.

No se puede admitir el simplismo de que con dinero e infraestructuras se pueden resolver problemas que son de otra naturaleza. Las infraestructuras y las inversiones deben seguir a la identificación de los problemas y a las propuestas razonables, no precederlas. ¿Por qué no pensamos en las opciones que nos brinda la agroecología y los saberes campesinos tradicionales para enfriar el planeta y dignificar la vida de las gentes del campo?

 

Autor: Gregorio López Sanz.