Las organizaciones ambientales, cívicas y sindicales representadas en el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar, entre las que se cuenta ACEM-Ecologistas de la Manchuela, rechazan el Plan Hidrológico, sometido a informe, por no frenar el deterioro de los ríos.

Las organizaciones consideran que, pese a las evidencias de sobreexplotación y deterioro de los ecosistemas acuáticos, el plan no satisface los objetivos legalmente establecidos de frenar el deterioro, recuperar el buen estado ríos, lagos, acuíferos y otras masas de agua y promover el uso sostenible del agua.

Pese a la situación de sobreexplotación acumulada, el plan reparte un agua inexistente incrementando así el déficit reconocido –que pasa de 265 a 310 Hm3/año- aplazando las medidas necesarias para frenar y revertir el deterioro de la cuenca. Con ello se agudizan las tensiones por el reparto del agua en el futuro, que se verán incrementadas con la previsible disminución de la disponibilidad de agua como consecuencia del cambio climático.

Aunque pueda parecer paradójico, poner sobre la mesa de negociación agua de papel, es decir asignar a los usuarios agua no disponible en la demarcación con el fin de obtener su apoyo al plan, no hace sino añadir leña al fuego y alimentar conflictos futuros. La naturaleza no negocia.

El documento presentado supone un retroceso respecto al borrador presentado en junio del año pasado y aleja aún más la posibilidad de cumplir con los objetivos marcados para 2027. La administración hidráulica ha cedido una vez más frente a la presión de los usuarios privativos, favoreciendo sus intereses a corto plazo en detrimento del interés general y de la disponibilidad duradera de agua, retorciendo, a tal fin, la aplicación de la normativa vigente.

Las organizaciones integradas en la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar, contrariadas por los cambios de última hora y las negociaciones opacas con regantes y administraciones, analizarán y documentarán los posibles incumplimientos con el fin de recurrir ante las instancias competentes del estado y la Unión Europea.

En una primera lectura se han identificado posibles incumplimientos en relación con los siguientes aspectos:

• sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, con asignaciones que superan la recarga natural, agravando la acumulada y estableciendo nuevas reservas insostenibles para el regadío
• aplicación arbitraria de la metodología establecida por el propio ministerio para el cálculo de los caudales ambientales, estableciendo generalmente volúmenes muy alejados de los necesarios para contribuir eficazmente al objetivo del buen estado
• incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (STS 3353/2018) por lo que se refiere a la exigencia de establecimiento de regímenes de caudales ecológicos completos -con todas sus componentes, incluida la de avenidas- y al rechazo de excepciones mediante la inclusión de márgenes adicionales de tolerancia
• falta actualización del registro de zonas protegidas
• impactos ambientales de la modernización de regadíos sin una evaluación rigurosa
• mantenimiento del transvase Júcar-Vinalopó, pese al reconocimiento de la falta de sobrantes en la cuenca cedente
• asignación de caudales para el Parque Natural de l’Albufera condicionada a los usos, sin concreción en cuanto a su origen ni garantía de su disponibilidad, lo que perpetúa la precariedad de esta zona protegida
• desprotección de masas de agua en buen estado (reservas fluviales) y adopción insuficiente de las medidas necesarias para recuperar la conectividad fluvial y la restauración hidromorfológica general de las masas de agua deterioradas, como consecuencia de la priorización de los usos privativos a costa de violar las restricciones ambientales

Las organizaciones ambientales, cívicas y sindicales de la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar alertan de las consecuencias de la mala administración y recuerdan que los incumplimientos de la normativa europea pueden tener un elevado coste para el conjunto de la ciudadanía, como muestran las cuantiosas multas que paga el Estado Español, por ejemplo, por incumplimientos de la directiva de aguas residuales urbanas. Por otro lado, siendo el sector agropecuario el principal consumidor de agua, es urgente abordar una reforma estructural –incluida la PAC- que permita su viabilidad a largo plazo, garantizando el empleo, el reequilibrio territorial y la conservación de los recursos naturales.

Dan apoyo a este escrito las siguientes organizaciones: Acció Ecologista Agró, ACEM-Ecologistas de la Manchuela de Cuenca y Albacete, ADIRA, AEMS-Ríos con Vida, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, CCOO PV, Ecologistas en Acción de Albacete, Ecologistas en Acción de Cuenca, Ecologistas en Acción Gudar Javalambre, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales, Intersindical Valenciana, Mijares no se Toca, Per l’Horta, Plataforma Ciutadana per la defensa del Riu Serpis, Sociedad Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife, Túria Verd, UGT, WWF i Xúquer Viu