Entre las principales cuestiones que se plantean en las alegaciones cabe destacar las siguientes.

La ley de aguas debiera de mencionar y asumir dos principios fundamentales: el derecho al agua potable y el respeto y la contribución de la comunidad autónoma a preservar los caudales medioambientales. Por el contrario, el borrador de ley, que consta de 104 páginas, sólo dedica un artículo, el 106, y apenas diez líneas, a citar de pasada la necesidad de proteger la calidad de las aguas de abastecimiento y no dice nada del derecho humano al agua que se ampara en llamamientos de las Naciones Unidas a reconocerlo.

Los graves problemas de sobreexplotación cuantitativa de aguas subterráneas y superficiales que hay en Castilla-La Mancha, tampoco se mencionan en el texto normativo, cuando es la principal amenaza para el agua en la región junto con los trasvases.

Por otra parte, la ley resulta muy economicista, haciendo descansar en las tasas y sobre todo en un nuevo e injusto canon ambiental la consecución de fondos para sufragar infraestructuras hidráulicas entre las que sin duda se contemplan algunas de muy elevado impacto, como nuevos embalses y captaciones, así como conexiones entre ríos, tal vez incluso trasvases.

Ecologistas en Acción considera que de ese canon ambiental hay que excluir el agua de boca, al menos en un volumen mínimo que asegure el acceso al agua sin costos para todas las personas y familias, especialmente las más desfavorecidas. Y que debe dedicarse sólo al mantenimiento y disposición de las  infraestructuras de depuración y abastecimiento imprescindibles y a mejorar la cantidad y la calidad de las aguas en los cauces fluviales

Resulta paradójico y casi vergonzoso que de ese canon se excluya a quienes más agua consumen en la región, más del 80% del volumen, y que no son otros que los sectores de la agricultura de regadío y de la ganadería intensiva.

Una ley de aguas debe ser equitativa socialmente y ambiciosa ambientalmente y ese sentido debe reformularse el texto.

Si bien Ecologistas en Acción espera que la ley cambie y en ese sentido ha ofrecido su colaboración al Gobierno de la Junta, tampoco la organización se muestra muy confiada en que esto vaya a ocurrir dado que es la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural la que promueve este anteproyecto de ley. Y siendo notoria su apuesta acrítica y continuada en los últimos años por el modelo del agronegocio y las macrogranjas, no cabe depositar demasiadas esperanzas en que el medio ambiente castellano-manchego en general, y el asociado al agua en particular, puedan experimentar mejoras en los próximos años, más bien todo lo contrario.

Autores: Gregorio López Sanz y Miguel Ángel Hernández