En la localidad de Cardenete, el 17 de septiembre de 2021 las granjas porcinas locales vertieron, sin control y sin la debida dispersión y concentración, purines en una parcela ubicada junto a la carretera comarcal que une esta localidad con Carboneras. La aplicación se realizó sin respetar la normativa, provocando charcos que han perjudicado a la zona, a las especies, a los vecinos y aumentado injustificadamente las concentraciones de nitratos aportados al suelo. Además, no existe certeza de si esta parcela está registrada como parcela de aplicación de purines en los planes de explotación de dichas instalaciones. 

Este hecho es uno de los múltiples ejemplos de incumplimiento sistemático de la normativa, ya de por sí muy permisiva, por parte de estas instalaciones. Además de poner en riesgo la salud de los habitantes, la calidad de las aguas y los valores ambientales, la ganadería industrial no se atiene a las leyes vigentes, lo cual aún hace más peligroso su instalación en cualquier lugar.

Hace unos días, recibimos información sobre un nuevo proyecto de ganadería industrial, en este caso, una explotación avícola para 80.000 pollos de engorde, en Alborea. El aumento de este modelo ganadero es muy preocupante. Ante este escenario, me gustaría dejar algunas reflexiones.

La lucha organizada de las vecinas de los pueblos afectados es fundamental para parar esta locura. Aunque la lucha no puede detenerse cuando las empresas y los propietarios, que plantean estos proyectos, dan un paso atrás, sino que ha de mantenerse en el tiempo generando organizaciones permanentes, a través de las cuales todas las habitantes puedan participar en la vida de sus pueblos. Como decía un amigo: “Nos han convencido de que no nos necesitamos”. Y nada más lejos de la realidad, mientras no consigamos trabajar conjuntamente y formar una sociedad organizada que pueda presionar a los poderes políticos y económicos, no tendremos garantías de frenar este tipo de agresiones.

Las empresas responsables de la instalación de las macrogranjas no están notando una reducción de sus beneficios. Quizá sería el momento de empezar una campaña de boicot a sus productos. Mesas a las puertas de las tiendas y supermercados informando sobre el daño social y ambiental de la producción de esa carne, llamamientos en redes sociales a no comprar los productos de estas empresas, cartelería por nuestros pueblos contra el consumo de los alimentos del Pozo, Incarlopsa… Además, esto podría abrir la puerta a un cambio en nuestros patrones de consumo, incentivar el consumo de productos de cercanía y favorecer las pequeñas iniciativas de ganadería extensiva, lo cual sería un freno a la despoblación.