En el proyecto expone como motivos: “ Objetivo 55» promulgado en el
último lustro por las instituciones de la Unión Europea, relativo a la seguridad
de suministro de energía, el ahorro energético, la diversificación de las
importaciones de combustibles fósiles y la aceleración en el despliegue de
energías renovables” lo que indica la finalidad de la nueva norma, que no es
otra que seguir garantizando el flujo de gas natural fósil al estar parcialmente
cortado el suministro del procedente de Rusia.
La referencia que hace a la necesidad de “ con el objetivo de alcanzar la
referida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030.”
No está ni lejanamente garantizada por el uso del biometano ya que las plantas
de biometano que se están impulsando , tanto desde Europa como desde
España no respetan ninguno de los principios de sostenibilidad que aparecían
en las diferentes directivas de renovables.
El verdadero y único motivo detrás de colocar al biometano dentro del
plan Repower Europe aparece meridianamente claro en el documento: “ Por
ello, se impulsó el marco normativo y estratégico denominado “REPowerEU”
orientado a reducir la dependencia energética de Rusia y acelerar la transición
a recursos autóctonos.”
Queda claro, que lo que está en juego no es la descarbonización de la
economía sino suplir el suministro de gas ruso. A 2023 las importaciones de
gas ruso se habían reducido a un tercio mientras que las de gas licuado de
fracking de origen americano se habían triplicado, todo un ejemplo de
reducción de dependencia..
El nuevo conflicto del estrecho de Ormuz y el estrangulamiento del paso
del 30 % del suministro de gas fósil da otra de las coartadas a este decreto, ya
que se trata de eso, una coartada que justifique el modelo por el que se
apuesta:
“Más recientemente, el conflicto en Oriente Medio iniciado el pasado 28 de
febrero ha vuelto a demostrar con crudeza que la dependencia de combustibles
fósiles importados constituye una vulnerabilidad estructural para la economía
española y el bienestar de la ciudadanía.” Otra vez se priorizan intereses
económicos y de acceso a la energía fósil sobre los intereses ambientales.
Se habla de “objetivos anuales de penetración de biometano para fines
distintos al transporte, en la venta o consumo de gas natural y gas natural
licuado”, es decir, que se sabe que , con el fácil acceso a la red gasista, las
plantas no van a situarse lejos de ella para producir BIO-GNL. Naturalmente el
BIO-GNL licuado debería reservarse únicamente para el transporte pesado y
sobre todo para el transporte público.
Naturalmente el gobierno debería de tomar medidas para el impulso de
gases renovables, pero para ello previamente habría que definir de manera
inequívoca lo que se entiende por gas renovable, ya que eso dependerá de
manera determinante del origen y tipo de residuos que se procesan en los
biodigestores. Por poner un ejemplo, el biometano que se va a `producir en
España tiene mayoritariamente origen en los residuos de la ganadería
industrial, cuya huella de carbono procedente:-Tanto de la energía fósil que se consume en todos los procesos de cría,
transporte, distribución y producción de piensos
-Como en el cambio de uso de la tierra y consiguiente deforestación de los
países origen de los insumos de los piensos
Resultan inasumibles.
Dicha huella de carbono se va a ver reducida en menos de un diez por
ciento mediante la biometanización, con lo que difícilmente podemos llamar a
un gas que se sostiene en esta actividad como renovable.
El modelo de biometano que se contempla, tanto en la ruta del biogás
como en el PNIEC es el modelo de inyección a red gasista.
La red de gas natural fue una red que se concibió para el transporte de gas
fósil, de un gas fósil que se consideraba ilimitado y del cual no preocupaban las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta red estaba concebida para satisfacer absolutamente todas las
demandas domésticas de los hogares como las de las diferentes industrias que
requerían procesos de alta energía. Por ello se creó un monstruo : La red de
gas natural en España alcanza una longitud total de 96.013 km, de los cuales
82.174 km corresponden de forma específica a la red de distribución. El resto
de la infraestructura se divide entre los gasoductos de transporte primario y
secundario gestionados por Enagás. Por tanto, la red gestionada por Enagas
asciende a 13.839 km.
Los objetivos de descarbonización y electrificación de la economía están
absolutamente reñidos con los objetivos de esta red de gas, con lo que los
únicos interesados en su mantenimiento son ENAGAS , con una participación
estatal del 5% a través del SEPI y de los numerosos fondos de inversión
extranjeros :
UBS Asset Management Switzerland AG, BPI Gestão de Ativos SGOIC SA,
Arkéa Asset Management SA, Unicaja Asset Management SGIIC SA,
Goldman Sachs Asset Management International, Grupo Catalana
Occidente Gestión de Activos SA SGIIC, West Yorkshire Pension Fund