Segura: agua para los grandes terratenientes

Denunciamos graves irregularidades para beneficio de grandes terratenientes en la concesión de nuevos regadíos en el Segura albacetense.

 

Tras la reciente aprobación -por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura- de cuatro expedientes de concesión de aguas subterráneas para la creación de «regadíos sociales», las principales entidades ecologistas de la provincia de Albacete denunciamos que:

a) Dada la situación de sobreexplotación generalizada de la cuenca del Segura, y especialmente ante los escenarios de fuerte reducción de los recursos hídricos debido al cambio climático -del orden del 40% para final de siglo-, la prioridad absoluta debería ser una drástica reducción de la superficie regada y cambio a cultivos menos intensivos en agua. Para corregir los desequilibrios territoriales, en vez de generar nuevas zonas regadas en la cabecera, debería reducirse el regadío sobre todo en la Región de Murcia y Alicante, e inevitablemente en el Sureste de Albacete -donde actualmente ya existen graves problemas de extracciones excesivas de unos acuíferos completamente aislados del resto de la cuenca-.

b) Las sierras de Alcaraz y Segura son el último reducto de toda la cuenca del Segura sin alteraciones demasiado graves y con los acuíferos en equilibrio -que constituyen las reservas estratégicas ante un futuro que se prevé muy árido-. La mayor parte de su espacio fluvial -hacia el que drenan los acuíferos- forma parte de la Red Natura 2000 (ZEC-ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo ES4210008-ES0000388), y algunos tramos cuentan con figuras de protección adicionales. Por este motivo deben preservarse sus recursos hídricos a toda costa, frente a modelos de desarrollo intensivos en el uso del agua.

c) Actualmente, la cabecera del río Segura cuenta con una extensión considerable de regadíos tradicionales, dotados con agua de manantial -por donde drenan los acuíferos-, y que nos ofrecen importantes valores ambientales, culturales y paisajísticos. Lamentablemente, esta red de regadíos tradicionales está sufriendo un notable proceso de deterioro y abandono, sin que las Administraciones tomen medidas de ningún tipo para evitarlo. Resulta paradójico que, en este contexto de abandono y absoluta falta de apoyo institucional al regadío tradicional, se aprueben concesiones de aguas subterráneas y jugosas subvenciones para implantar nuevos regadíos, sin valorar adecuadamente su impacto medioambiental.

d) Estos nuevos regadíos, altamente tecnificados, apenas generarán empleo en la zona. Tomando datos de la propia Consejería de Agricultura, hace falta transformar 100 hectáreas de almendro de secano a regadío para generar 1 UTA (unidad de trabajo anual), y 31 hectáreas en el caso del olivar. Sin embargo, se esperan importantes plusvalías para los propietarios de los terrenos: de 300 €/ha en secano a 2.546 €/ha en regadío para la transformación de almendros, y de 500 €/ha en secano a 1.400 €/ha para la transformación de olivos.

e) Pese a la denominación de «regadíos sociales», y las reiteradas declaraciones políticas de que las concesiones benefician a «agricultores con pequeñas explotaciones», comprobamos con consternación que la mayor parte de la superficie afectada está en manos de unos pocos terratenientes y grandes empresas agrícolas, metiendo luego a una miríada de propietarios minifundistas para «hacer bulto». Así, por ejemplo, en el expediente CPR-1/2018 (relativo a los regadíos de Hellín) apenas 6 propietarios suman 813 hectáreas -cerca de la mitad de la superficie objeto de las concesiones-, y participan de la transformación grandes empresas como CEFUSA -con 25 hectáreas-. En contraste con estos grandes propietarios, existen también en ese mismo expediente 68 pequeños agricultores se reparten menos de 100 hectáreas en total.

f) En los últimos días también se han podido leer y oír en los medios declaraciones políticas celebrando un presunto “cambio de actitud” en la Confederación Hidrográfica del Segura hacia “las necesidades de la provincia de Albacete”. Desde las organizaciones ecologistas denunciamos que este «cambio de actitud» más bien parece ser una preocupante relajación de los controles administrativos, que han acabado plagando de irregularidades todo el procedimiento que podrían conducir a su nulidad de pleno derecho.