El pasado 16 de abril, la Consejería de Desarrollo Sostenible convocaba una jornada telemática para presentar dos flamantes normas, una de ellas ya publicada en el documento oficial y otra aún en trámites, que supuestamente van a impulsar una alimentación más sostenible y saludable en Castilla-La Mancha.

La primera de estas normas, promovida desde la Consejería de Agricultura, es el decreto que regula la venta directa de productos ligados a la explotación agraria. Se trata de un brindis al sol, que no facilita en nada los trámites, ni reduce tasas, ni aporta medidas reales de fomento a los pequeños proyectos de producción. Las obligaciones laborales serán las mismas. Las sanitarias no se ven relajadas, ni facilitadas. El campesino o la campesina que quiera vender sus productos en cercanía se verá sometido a los mismos requerimientos que antes, solo que ahora tendrá el inmenso placer de poder inscribirse en un registro para que la administración lo tenga más controlado, si cabe.

El segundo decreto, aportado desde la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, es el que regulará la sostenibilidad y soberanía alimentaria en Castilla-La Mancha. Casi nada. Lejos de aprovechar la oportunidad para fomentar las prácticas agroecológicas en la región, esta norma, con la triste visión parcial a la que nos tiene acostumbrados la administración, solo regula los aspectos desde el consumo y, nuevamente, se percibe un ánimo fiscalizador y controlador en ella. Será que son ya demasiados los colectivos de consumidores y los proyectos de comercialización que se están saliendo de los cánones del consumismo salvaje, y esto preocupa.

En la jornada se habló mucho del papel de los municipios y muy poco del de la ciudadanía activa. Con un desprecio absoluto por todo lo que se ha hecho desde hace muchos años por muchos colectivos en busca de un sistema agroalimentario más justo, ecológico, saludable y de calidad, el Consejero se arrogó el mérito de haber puesto, en un año y medio de funcionamiento de su Consejería, los pilares para avanzar en este sentido.

Resulta vejatorio que, al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, nos estuviéramos enterando de más y más proyectos de macrogranjas porcinas que están siendo aprobados. Granjas que devastan las condiciones ecológicas en kilómetros alrededor, que afean, apestan y vacían aún más nuestros pueblos, que usurpan el agua malgastando y contaminando las valiosísimas reservas subterráneas, y los suelos aportando cantidades ingentes de residuos.

¿Cómo puede hablarse de un alimentación saludable y sostenible y favorecer al mismo tiempo la instalación de cientos de miles de cabezas de ganado en condiciones de explotación intensiva, en las que los animales son un mero factor de producción?

Y junto a las macrogranjas, instalaciones energéticas brutales, plantas digestoras, regadíos, …. Una avalancha imparable de inversiones en el mundo rural, al que, en cambio, no llegará ni una miserable compensación económica por tanto destrozo. ¡Se llevan el dinero, y nos dejan la mierda!

¿Qué pretende con esta doble cara la Junta de Comunidades? ¿Querrá dar unas migajas al pequeño campesinado y al consumidor responsable, manteniéndonos entretenidos en juegos de leyes, mientras entrega el grueso del pastel al capital? ¿O sencillamente quiere apropiarse también de este movimiento emergente, enmarañándolo con cargas burocráticas, hasta someterlo a las leyes de un mercado pensado para mantener el estatus de los privilegiados?