A partir de los años 60 del siglo pasado, diversos estudios ponen de relieve la gran riqueza en aguas subterráneas que posee La Mancha y que de su aprovechamiento podía derivarse un gran desarrollo agrícola y, por lo tanto, económico de este territorio. A finales de esta década y principios de la siguiente, grandes terratenientes inician la puesta en regadío de enormes superficies agrarias, bombeando aguas subterráneas, para producir cultivos subvencionados como el maíz o la alfalfa. Pronto las asociaciones conservacionistas, así como algunas personas a título individual, empiezan a alzar la voz contra la extracción incontrolada de agua del subsuelo y los efectos que puede tener sobre los ecosistemas naturales y sobre la seguridad del suministro urbano.

En los años 80, se empieza a detectar un importante descenso del nivel freático, en lo que inicialmente se presentó como una reserva inagotable de agua subterránea. Los pozos que en un principio encontraban el agua a unos pocos metros de profundidad, se iban teniendo que perforar más y más en busca de la capa freática.

El inicio de la década de los 90 se manifiesta con un intenso periodo de sequía que dura más de tres años. Los usuarios tradicionales y más organizados de las aguas superficiales del Júcar (principalmente los regantes valencianos), ven con alarma que la bajada de los niveles freáticos del acuífero manchego oriental provoca que, en vez de aportar agua desde el acuífero al río, sea el río el que va perdiendo su caudal en su recorrido por el sector manchego. La decisión del cierre del pantano de Alarcón para evitar que esta agua se “pierda” no se hace esperar. Este hecho lleva al secado completo 40 Km del cauce del río Júcar por primera vez en su historia en el verano de 1995, lo que se repite de nuevo en 2008. La situación, denunciada activamente por las organizaciones ecologistas y otros colectivos, levanta una gran polvareda social. Como consecuencia la Confederación Hidrográfica del Júcar acaba estableciendo un “caudal ecológico” que es exigible legalmente.

Los grandes regantes manchegos, viendo peligrar su suministro de aguas subterráneas consiguen asimismo la concesión de agua superficial del Júcar, en las denominadas sustituciones de bombeo, que les permiten extraer agua del transvase Tajo-Segura.

La sequía es también la excusa para que desde la Confederación Hidrográfica se permita la apertura de “pozos de sequía”, cuya motivación inicial es la de aportar riegos ocasionales a los cultivos de secano en caso de falta de lluvias, pero que acaban convirtiéndose en la mayoría de los casos, en regadíos encubiertos.

Es también en los años 90 cuando surge la preocupación por la pérdida de calidad de las aguas potables como consecuencia del filtrado de los fertilizantes agrarios a los acuíferos. Comarcas enteras de nuestra comunidad se declaran como “zonas vulnerables a la contaminación por nitratos”, con un plan de actuación que se aprueba en 2010, pero para el cuál no existe vigilancia de cumplimiento.

Bajo la justificación de obtener un agua de mayor calidad, se plantea la traída de aguas superficiales del Júcar para abastecer la ciudad de Albacete y pedanías, que se materializa en 2003, dejando de abastecerse la ciudad de aguas subterráneas. Esta gran actuación está acompañada de un intenso debate social.

En 2001 se aprueba el controvertido Plan Hidrológico Nacional, cuyo contenido recoge un acuerdo entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y Valencia para repartirse el agua de la cuenca del Júcar, posicionando los intereses agrícolas, urbanísticos y turísticos por encima de los medioambientales. Las organizaciones sociales sostienen una amplia contestación al PHN, con manifestaciones multitudinarias en 2001 en Barcelona (febrero), Madrid (marzo) y que culmina con una marcha masiva a Bruselas en agosto, con gran presencia regional.

El Plan Hidrológico reconoce como interlocutor único en lo relativo al uso agrario del agua en La Mancha Oriental a la Junta Central de Regantes, dejando a los pequeños regantes tradicionales en manos de los intereses de los grandes terratenientes.

En 2004, agentes sociales y económicos de la región firman el Manifiesto del Agua, en el que se revelan a favor de los acuerdos entre la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente, para invertir fabulosas sumas en obras e infraestructuras que garantizaban agua para regadíos, abastecimientos, depuraciones, y un largo etcétera, pese a que la cantidad de agua disponible no ha variado y ya se consume más agua de la disponible.

Paralelamente, se crea en 2001 el Centro Regional de Estudios del Agua, dependiente de la universidad regional, que realiza una intensa tarea de investigación cuyo balance total es el de crear un marco de justificación técnico-científico del uso intensivo del agua para agricultura. Sin embargo, otros estudios que se realizan en paralelo, van determinando una alarmante pérdida de calidad y cantidad de los recursos subterráneos como consecuencia de las extracciones masivas para riego, como los que certifican el paulatino e irreversible secado de las fuentes de La Manchuela y de los valles del Júcar y el Cabriel y que se presenta en 2010.

En 2010 una sentencia determina que el municipio de Albacete debe pagar a los regantes valencianos por el uso del agua del río Júcar para el abastecimiento urbano.

La década de los 2010 añade un nuevo problema a la situación. La facilitación para los grandes proyectos de instalaciones ganaderas, abre el camino para las macrogranjas porcinas. Éstas son grandes demandantes de agua (mucho más que las poblaciones humanas), pero además implican el vertido en el territorio de brutales cantidades de residuos líquidos y sólidos, cuyas filtraciones contaminan las ya muy perjudicadas masas de agua subterránea. La respuesta social es importante frente a algunos de los proyectos, llegando a paralizar algunos de los más significativos, como la macrogranja de Pozuelo, en noviembre de 2018, que estaba diseñada para consumir cada día 465.000 litros de agua y producir 408.00 litros de purines cada día.

Paralelamente se siguen abriendo centenares de pozos de pequeña capacidad, para poner en regadío viñedos, olivares y gran cantidad de cultivos de almendro de nueva instalación. Además, desde 2015, se instalan sistemas localizados de energía solar para abastecer estos pozos pequeños y hacerlos así independientes de la red eléctrica.

Aun cuando las reservas de agua están más que repartidas, el rosario de proyectos que implican el uso de aguas subterráneas y superficiales es continuo y, aunque algunos se paralizan como consecuencia de alegaciones presentadas por la sociedad civil, la mayoría acaban instalándose en el territorio.

Para terminar de dibujar este panorama, en febrero de 2018, un informe de Ecologistas en Acción pone el foco en el río Júcar, como el más contaminado del país por plaguicidas, muchos de los cuáles interfieren en el sistema hormonal.

En febrero de 2019, ante la falta de consideración a sus propuestas, los colectivos sociales se niegan a participar en el proceso de redacción el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar.