DENUNCIA DEL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE CONTADORES

-El 31 de octubre de 2024, se publicó en el BOE la conocida como Orden de Contadores.

 

-Dicha Orden TED/1191/2024, moderniza el control de volúmenes de agua captados y vertidos en España, imponiendo medición electrónica para grandes usuarios y nuevos plazos para otros.

 

-Esta ley se alinea con la sostenibilidad hídrica y el marco europeo, y busca sanciones por incumplimiento, siendo clave para el control del agua y su uso eficiente, con obligaciones que van desde la instalación de medidores inteligentes hasta la transmisión de datos a los organismos de cuenca. 

 

INQUIETUD ENTRE LOS REGANTES

 

La orden ha generado una incomprensible inquietud en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (1).

No debería preocupar si se hace una gestión adecuada y controlada del regadío, y si debe preocupar cuando se hace un uso abusivo e incontrolado del agua.

Ecologistas de la Manchuela ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre el grado de cumplimiento de esta normativa, que establece que los grandes aprovechamientos, los de más de 500.000 metros cúbicos, desde el pasado 1 de noviembre deben tener instalados los equipos de medición y estar enviando la información actualizada de los consumos.

Desde esta organización, recuerdan una vez más, el injusto reparto del agua en la provincia de Albacete, y que son precisamente esas grandes concesiones las que concentran la mayor parte del consumo, un 80% del mismo.

La Orden de contadores, tiene como objetivo algo en lo que coincidimos el 99% de la población: Para una gestión moderna y sostenible de los recursos hídricos, es necesario realizar un control de los usos del agua, conocer el consumo real. Y es más urgente todavía si tenemos en cuenta el contexto actual de cambio climático y de mal estado cuantitativo del acuífero de la Mancha Oriental.

Esta normativa establece las determinaciones técnicas que tienen que tener los sistemas de medición, para evitar manipulaciones de contadores, que son por desgracia frecuentes, y se tiene noticia asiduamente en los medios, por denuncias de SEPRONA y/o las Confederaciones Hidrográficas.

Para conseguir el uso sostenible, se debe tener la información actualizada en todo momento, y para ello se establece la transmisión electrónica de las extracciones.

No se entiende según criterio de los ecologistas, que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental presuma constantemente que aplican un sistema de control basado en teledetección con mucho éxito, y que vean con tanta preocupación la aplicación de la Orden de Contadores.

No se entiende que con este sistema tan “bueno” que están aplicando tantos años, las extracciones sigan superando la capacidad de recarga del acuífero de la Mancha Oriental, y lo hayan llevado a la sobreexplotación, afirman.

No se entiende que, en el pasado año hidrológico, las extracciones fueron de 325 hectómetros cúbicos, cuando en ningún caso deberían superar los 300 Hm3.

Aún, es más, según esta asociación, no se entiende que, en la última asamblea de la JCRMO, se reconozca que se está produciendo un uso irregular del agua, que un estudio con un muestreo de 100 localizaciones concluya que “los resultados sean sencillamente pavorosos”, y que, luego se siga hablando de gestión ejemplar.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela, afirman que, para planificar el uso de agua, y que este tenga futuro, hace falta un control y conocimiento exhaustivo, y la orden de contadores es un paso necesario. Se tiene que saber exactamente lo que se consume, para regular de forma sostenible, y conseguir lo que ordena la Directiva Marco del Agua: el buen estado de todas las masas de agua, acuífero, río Júcar, fuentes y manantiales y zonas húmedas.

Eso solo pasa, según dicen, por reducciones de las extracciones, y con una lógica justa, deberán reducir primero, los que más gastan. Estas grandes concesiones son las que tiene que cumplir la Orden desde el 1 de noviembre, y con ellas se controla la mayor parte de las extracciones de Albacete. Los otros aprovechamientos menores contarán hasta dos años de plazo para aplicar la Orden.

LA CONTESTACIÓN DE LA CHJ

En Resolución de contestación del 23 de diciembre, la Confederación Hidrográfica del Júcar, reconoce que no se está cumpliendo actualmente los plazos determinados por la Orden, y tampoco da una fecha estimada. Informa que se está trabajando en el sistema informático para la recepción de los datos de los aprovechamientos, y en la comunicación e inspección con los usuarios del agua. En definitiva, se encuentran en “un proceso activo de implantación de la Orden”.

Desde Ecologistas de la Manchuela afirman conocer que es un proceso complejo, pero han tenido un año desde su publicación. A los ciudadanos se les pide el cumplimiento en plazo de las leyes, y a las Administraciones se les debe exigir lo mismo, y la Orden lo deja claro al respecto: En la Disposición Transitoria Primera, establece un plazo de aplicación para las distintas categorías de aprovechamiento. Dice en el apartado c) Los aprovechamientos de agua de la categoría tercera, deberán instalar, en su caso, los equipos y comenzar a enviar la información adicional exigida por esta orden a los organismos de cuenca antes de un año desde la entrada en vigor de esta orden.

En palabras de su portavoz Chimo Azorín “como siempre desde nuestra asociación, vamos a exigir a la Confederación Hidrológica del Júcar algo muy loco: Que cumplan la Orden promulgada por su Ministerio.” “parece de sentido común”

Casas Ibáñez 7-1-2026

 

Mina de Litio

La actividad minera de extracción de caolín es bastante antigua en la localidad de Arguisuelas. Y como todas las actividades ha sufrido un proceso de transformación y concentración en manos de grandes empresas. Actualmente opera SAMCA-SICA a través de Euroarce.

La población de este municipio sigue un declive imparable desde 1.930 con pequeñas recuperaciones puntuales. Y ello, a pesar de que la actividad minera lleva implantada desde mediados del siglo pasado.

Ahora los vecinos dicen no a la continuada expansión de esta industria que ahora amenaza el conocido como mirador de “El Viso” dónde consideran que el impacto paisajístico y ambiental es inasumible.

El motivo de la controversia es el inicio del denominado como “El Frente 2- ANGELES” que se integra en el Proyecto del Grupo Minero Guadazaon, un grupo minero que está diseñado para estar compuesto por cuatro frentes, que en la

actualidad son:

Frente 1 - Ma PILAR VII.

Frente 2 - ANGELES.

Frente 3 - REILLO.

Frente 4 - SAN LUIS.

De estos 4 frentes queda descartado por inviable económicamente el de San Luis y el que nos ocupa es el segundo.

La minería del caolín, ejercitada por diversas empresas a lo largo de los años, ha dejado profundas y visibles cicatrices en el territorio de Arguisuelas, y en el mismo estudio presentado por la empresa se puede observar que en muy pocas de las abandonadas canteras se han efectuado los trabajos de restauración correctos, y a vista de satélite se pueden observar como manchas dónde la vegetación no se ha recuperado.

De la empresa actuante, Euroarce, es presidente Javier Egido Luengo, perteneciente a la familia luengo, una de las más ricas de España y propietaria a su vez del grupo SAMCA (Sociedad Anónima Minera Catalano Aragonesa) con un patrimonio neto de 2015 millones de euros y con una variación anual de 96 millones de crecimiento. Se trata por tanto de un grupo muy poderoso que ya ha dicho que, a pesar de la oposición de los vecinos, va a seguir adelante con su propósito.

Los vecinos , por su parte, votaron en un referéndum, con una amplia mayoría, estar en contra de continuar con el proyecto. La recién constituida plataforma local SOS Arguisuelas se ha manifestado claramente contra la ampliación y así lo ha manifestado en medios de difusión.

La empresa es propietaria de una concesión minera de explotación, que es la habilitación que la Administración otorga a un particular para que éste pueda llevar a cabo la utilización y aprovechamiento de un yacimiento mineral, con excepción de aquellos que se encuentren reservados al Estado. Por su parte la administración regional dio luz verde al proyecto.

Ecologistas y los vecinos de Arguisuelas cuestionan los datos en que se sustenta la empresa para presentarse como beneficiosa para el pueblo: el impacto socioeconómico, 50 empleos directos, 60 indirectos y 6 millones de euros anuales en contratos y suministros (según datos facilitados por la empresa). Por varias razones, la primera es que las empresas siempre hinchan las cifras de empleo, a veces de manera escandalosa. La segunda es que la mayor parte de empleos corresponden a logística y transporte y por tanto son acaparados por los municipios más grandes del entorno, como Carboneras del Guadazaón. Y la tercera y definitiva es contemplar como esta industria, en todos sus años de funcionamiento no ha paliado ni lo más mínimo la tendencia a la despoblación de un municipio que en 2024 registró su cota más baja con sólo 129 habitantes.

Apuntan además en que este es otro caso en que se pasa por encima de los deseos de un municipio y de sus habitantes en pro de un supuesto “interés común” y que se trata de una colonización interior para en realidad robar las riquezas de una comunidad a cambio de unas cuantas migajas.

A todo esto, hay que sumarle los impactos medioambientales inevitables que acarrea este tipo de minería y que desde la empresa tienden a infravalorar hablando únicamente de repoblación. Por ejemplo, la turbidez de la aguas y todo lo que conlleva este impacto a su vez (pérdida de oxígeno, de flora y fauna acuática, etc.), el polvo en suspensión, el ruido, alteración del relieve…

El único punto que abordó la empresa en su charla informativa con los vecinos fue la restauración, que se iba a hacer con pino laricio ( pinus nigra)en lugar del pino rodeno (pinus pinaster) que se va a talar y que es el que desde hace años define el paisaje del entorno.

Argumentan desde la organización ecologista que ninguna restauración va a paliar el tremendo impacto paisajístico sobre la orografía. Las heridas sobre la tierra son heridas profundas que tardan a veces siglos en sanar. Los habitantes del lugar guardan en la memoria derrumbes de tierras como los del paraje conocido como “Cerro Alejo”, cuyo riesgo no se tuvo en cuenta y que ha dejado paisaje desolador. Los vecinos, ahora, están preocupados con que pueda ocurrir lo mismo en su mirador llamado “El Viso”, el cual está muy cercano al pueblo.

Afirman : “Arguisuelas cuenta con un patrimonio natural y paisajístico enorme, ese es su principal activo y el único que puede perdurar en el tiempo. Si este activo desaparece, poco tendrán las futuras generaciones a lo que agarrarse . Hacen falta empleos en Arguisuelas, pero no a costa de destrozar su entorno y, en consecuencia, su pueblo.”

Nota de Prensa: Denuncia de la cesión de la sede de la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha a una multinacional de ocio.

La empresa Toro Verde adelantó la presentación oficial de su macroparque de ocio al 22 de julio, y cambió  el lugar del evento al palacio de Fuensalida.  Dicha presentación estaba agendada en Madrid el 23 de julio. La experiencia de Puy Du Fou presagia afecciones muy negativas de este nuevo macroparque temático.

Tanto la Junta de Comunidades como el ayuntamiento de Cuenca, en sus declaraciones, se pusieron por completo al servicio de la multinacional, como si su inauguración fuera inminente, cuando no posee ningún permiso.

 

 

Una apuesta por los macroproyectos de turismo

El ejecutivo castellano-manchego bajo la presidencia de Emilano García-Page ha mostrado un trato de favor hacia las intenciones de grandes multinacionales del sector turístico. Así lo fue con el parque temático  de PUY DU FOU.

Ya el 18 de abril de 2017 Page presentó en el palacio de Fuensalida, el megaproyecto Puy du Fou España, acompañado del fundador del parque francés, el vizconde Philippe de Villiers, y de un séquito de representantes de la región. Según Page “el proyecto iba a resolver muchos de los problemas que tiene hoy nuestra sociedad: problemas económicos, problemas laborales, y […] también emocionales y espirituales. Recordamos que el vizconde es un personaje vinculado a la extrema derecha de su país.

La táctica utilizada en su momento, fue la declaración de Interés Regional que facilitara su aprobación como proyecto de Singular Interés, necesario para saltarse buena parte de las limitaciones urbanísticas y de protección ambiental. Es así como se cedieron 160 ha, de las que, con las últimas modificaciones, 11,7 estarán ocupadas por edificaciones. El 20 % de la inversión será cubierto con ayudas públicas. Lo que los ecologistas calificaron como “todo un chollo para una empresa privada”.

Además, está ampliamente documentada, la situación precaria de los trabajadores de Puy du Fou, hasta el punto de obligar a los actores a limpiar los baños.

Y llegó Toro Verde

En la misma línea, mismo hilo argumental y mismos pasos, comenzó el proyecto de TORO VERDE ECO PARKS. Una empresa creada por Jorge Jorge Flores, un nicaragüense emigrado a Miami que desarrolló una carrera meteórica en el mundo de los negocios y en las altas finanzas, fue así como centró su mirada en los parques temáticos y desarrolló su primer parque en 2009 en Orcovis, Puerto Rico, luego abriría dos más.

Tras una ronda con altos cargos de la administración regional y local, el ayuntamiento de Cuenca ofreció en el verano de 2023 y en una licitación exprés (15 días de plazo), 964 Has en alquiler con opción de compra en la sierra de Bascuñana. Se trata de los parajes de La Sierra y de la Sierra del Tejarejo. La cantidad fue de 161.000 euros mensuales más IVA (poco más de 161 euros la hectárea de rústico), siendo la opción de compra de 2,7 millones, a 2.700 euros hectárea, un precio irrisorio. Según la página especializada en compra-venta de suelo COCAMPO, el precio medio de rústico forestal en España es de 24.000 euros/ha, y en Cuenca 13.000/ha. Las tirolinas se ubicarán en su mayor parte, fuera de la propiedad adquirida por Toro Verde, en concreto en el Monte de Utilidad Pública (MUP) número 17 “Barrancos de la Sierra”, propiedad de la Junta de Comunidades, lo cuál (al ser un uso privado) exige autorizaciones de difícil encaje en la normativa vigente.

El proyecto además, cuenta en su presupuesto con unas ayudas públicas de 25 millones de Euros, en lo que se supone es ya una cantidad pactada con la administración regional.

El 28 de Mayo del 2024 el parque fue declarado de interés regional, con lo que quedó expedita la vía de aprobación futura del PSI.

Un proyecto megalómano e insostenible según los ecologistas.

El proyecto (según la documentación publicada hasta la actualidad) incluye una intervención en una superficie total de 450 hectáreas (ha), 60 de ellas edificadas. Un hotel de bungalós de lujo en 3,7 ha (son 240 habitaciones en dos fases). Todo ello en un monte, aunque reforestado hace más de 50 años, ha conseguido madurar hasta conseguir una gran biodiversidad, y que proporciona servicios ecosistémicos a la comarca y la ciudad de Cuenca.

Todas las habitaciones cuentan con piscinas entre 7 y 8 m2 de superficie, lo que supone un total de 1.900 m2 de piscinas, de las que no se ha dado a conocer su profundidad. Así como de una piscina de 50 x 40m y una superficie de 2.000 m2. El agua se tendrá que elevar 400 m de altura para su uso, desde un pozo en el fondo del valle.

La evaporación estimada son 11.700 litros diarios, es decir, 4.270 m3 evaporados al año: dos piscinas olímpicas.

En un escenario de cambio climático y de escasez de recursos hídricos, este proyecto apuesta por una instalación que prevé un consumo de 179.985 m3 de agua cada año, lo que equivale al consumo anual de una población de 3.500 personas. Además incluye un “Lazy River’, consistente en un canal de 480 metros de largo, cinco metros de anchura y un metro de profundidad para poderlo navegar.

Según los ecologistas, se apuesta por un modelo de turismo de altísimo impacto social y ambiental, en la que se detraen bienes públicos para el disfrute del turismo de lujo. Un modelo de empleo precario y con altas tasas de temporalidad al depender de las fluctuaciones de la demanda.

En la actualidad, el proyecto no ha pasado ningún trámite ambiental ni cuenta con ninguna autorización (incluida la concesión de aguas). Sin embargo, ya se publicita como un hecho, no solo desde la administración regional, sino también desde el propio sector.

 

La cultura del pelotazo

 

Según Ecologistas en Acción de la Manchuela, “el proyecto se enmarca en la cultura del pelotazo que rige demasiadas actuaciones del gobierno de Page, desde la supresión de la línea de tren convencional entre Aranjuez y Utiel (fomentando la especulación urbanística en el centro de la ciudad de Cuenca), hasta el fomento de la ganadería industrial desaforada. Nos pone muy tristes que nuestro Gobierno, representado en la figura de su presidente, no dé importancia a la separación que debe existir entre la administración pública y los intereses privados ¿Alguien entendería que se presentara ante los medios de comunicación y altos cargos, un proyecto empresarial en el Palacio de la Moncloa? También cabe reflexionar sobre el impacto en una zona rural de alto valor, de esta colonización cultural que viene de más de 6.000 kilómetros y un contexto social, político, bioclimático y cultural tan diferente. La instalación de atracciones a base de tirolinas, inspiradas en las películas “made in Hollywood”, no parece que tengan nada que ver con nuestra tradición cultural y convertirá a la Sierra de Bascuñana en un “no lugar”. Estaremos muy atentos a la documentación ahora presentada y haremos lo posible para proteger nuestro patrimonio natural y cultural”.

fuente de las fotos: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

 

Más información:

https://ecologistasmanchuela.org/

https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/castilla-la-mancha/cuenca/

Los regantes de la Acequia Real del Júcar, Escalona y Carcaixent superaron en un 15% los caudales fijados para 2023/2024

El colectivo ecologista asegura que estas comunidades de regantes han sobrepasado en 43.63 hm3 la concesión que tienen otorgada en la Plan Hidrológico del Júcar, y en más de 73.31 hm3 de aumento con respecto a la media de los últimos cinco años.

 

A finales de julio del pasado año, las Comunidades de Regantes de la Acequia Real del Júcar, de Escalona y de Carcaixent, habían sobrepasado las dotaciones que tienen fijadas en el Plan Hidrológico del Júcar. Por este motivo, Ecologistas en Acción se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para reclamar información sobre los consumos que habían tenido en el año hidrológico 2023-24 y la justificación de este mayor consumo de agua por parte de estas Comunidades.

En el escrito de contestación de la CHJ del 14 de octubre de 2024, firmado por su presidente, Miguel Polo, se adjuntan los datos que “confirman” que estas comunidades de regantes “han sobrepasado ampliamente” la concesión que tienen establecida en el Plan Hidrológico del Júcar.

Tabla con las concesiones de las Comunidades de Regantes de la Ribera Alta, y los consumos de los últimos años. Origen datos: Confederación Hidrográfica del Júcar.

Tabla con las concesiones de las Comunidades de Regantes de la Ribera Alta, y los consumos de los últimos años. Origen datos: Confederación Hidrográfica del Júcar.

Según explican los ecologistas, cuando en una situación de grave sequía el verano pasado la inmensa mayoría de usuarios de riego de España y de la demarcación de la CHJ tenían restricciones, “o cuando menos, contención en sus consumos”, las comunidades de regantes de la Ribera Alta, “tuvieron un considerable aumento del consumo”. “Estamos hablando de que se han sobrepasado en 43.63 hm3 de la concesión que tienen otorgada en la Plan Hidrológico del Júcar, y más de 73.31 hm3 de aumento con respecto a la media de los últimos 5 años”.

La justificación que da en su escrito la CHJ es, “cuanto menos, cuestionable”: por un lado, se justifica por los “ahorros acreditados” que se produjeron en los años anteriores; y por otro, en la mayor necesidad de agua por la sequía.

Respecto a los ahorros acreditados, Ecologistas en Acción apunta a que es “habitual” que se den en la mayoría de los usuarios, dado que las comunidades de regantes “tienen generalmente concesiones por encima del agua disponible en el sistema, y la consecuencia son esos ahorros de papel”.

Y en cuanto a una mayor necesidad de agua por la sequía, “a nadie se le escapa que toda la cuenca del Júcar ha sufrido las consecuencias de la sequía el pasado año, y no solo en la Ribera Alta”; la propia CHJ declaró el 26 de marzo de 2024 la situación excepcional por sequia extraordinaria en toda la demarcación, recuerdan.

Es por todo ello que consideran que se trata, “sin duda, de un trato de privilegio arbitrario a las comunidades de la Ribera Alta, cuando todas las demás cumplían con las limitaciones establecidas en el Plan Hidrológico, o directamente sufrían restricciones”.

La tramitación de la autorización extraordinaria, otra irregularidad

Para “justificar este trato de privilegio”, reseñan que la CHJ cita el artículo 45.5 del Plan Hidrológico del Júcar, que dice que admite, “previa autorización del Organismo de Cuenca, excesos sobre el volumen máximo anual en situaciones meteorológicas especialmente adversas, si estos están debidamente justificados con el correspondiente estudio meteorológico y agronómico”.

Igualmente, la Confederación informa que en las comisión de Desembalses del 29 de abril de 2024, por parte de “algunos usuarios”, “no se especifica quienes”, se planteó la posible necesidad de incrementar dotaciones de agua. Posteriormente siguiendo lo manifestado por la CHJ, “cuando por parte de este Organismo se constató que iban a sobrepasar los volúmenes concesionales, se solicitó a USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar) la justificación del incremento de las necesidades hídricas”. Con estas justificaciones, insisten los ecologistas, la Confederación “premia este mayor consumo con 43 Hm3 de agua adicionales, cuando lo lógico hubiera sido lo contrario, sancionar el uso abusivo, y premiar las comunidades de regantes que hacen un consumo responsable”.

Un matiz “muy importante” que se especifica en el artículo 45.5, apuntan, es que las posibles mayores dotaciones deben ser “previa autorización”. “Sin embargo, desde nuestra asociación consideramos que esta ha sido 'a posteriori', cuando ya se habían sobrepasado los derechos de agua concedidos en el Plan, e incluso que nunca se tramitó legalmente ningún expediente de autorización”.

“Opacidad” de la CHJ

Con todas estas “sospechas de irregularidades”, Ecologistas en Acción se dirigió a la CHJ solicitando el expediente completo de esta autorización extraordinaria: “No tenemos contestación, lo que en sí ya es sospechoso, dado que generalmente la propia CHJ, ya sea considerando o denegando nuestras demandas, siempre suele contestar a los escritos presentados por nuestra asociación”.

Posteriormente, se dirigieron al Consejo de Transparencia, que el 26 de mayo instó a la Confederación a remitir el expediente completo de la autorización: “Trascurridos el plazo establecido sin haber recibido la documentación requerida, volvemos a informar a Trasparencia, que vuelve a requerir a la CHJ su obligación de cumplir la normativa de acceso a la información”.

Los ecologistas consideran que se han cometido, “como mínimo, irregularidades, o incluso presuntamente prevaricación en la concesión de esta mayor dotación de agua a las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, Escalona y Carcaixent”. “Lo que sí está totalmente demostrado es la opacidad de la CHJ, que ha ocultado deliberadamente la información a la que tenemos derecho legalmente”, concluyen.

Publicado en: eldiario.es, 09-07-2025

Biogas: La Junta encarga a una empresa del sector el plan de regulación

En concreto, la Junta de Comunidades firmó dos contratos con Biovic: uno el 7 de febrero de 2024 por valor de 15.000 euros y otro el 4 de septiembre del mismo año por 14.990 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente lo que considera un claro caso de conflicto de intereses en la elaboración del Plan regional de biometanización de Castilla-La Mancha. Según la organización, el Gobierno regional adjudicó en 2024 la redacción del plan y su estudio ambiental estratégico a la empresa Biovic Consulting, especializada en el diseño y operación de plantas de biogás, sin convocar concurso público y utilizando dos contratos menores que rozan el límite legal de adjudicación directa.

En concreto, la Junta de Comunidades firmó dos contratos con Biovic: uno el 7 de febrero de 2024 por valor de 15.000 euros y otro el 4 de septiembre del mismo año por 14.990 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta fórmula permitió a la Administración sortear los procedimientos de concurrencia competitiva y otorgar ambos encargos de forma directa, asegura la organización ecologista en nota de prensa.

Para Ecologistas en Acción, el caso es “escandaloso”. Asegura que el Estudio Ambiental Estratégico del plan —documento clave para evaluar el impacto en el medio ambiente— ha sido elaborado por una empresa que “desarrolla y opera plantas de biogás, es decir, que se evalúa a sí misma”. La ONG advierte que las líneas de actuación definidas en el plan coinciden con los intereses empresariales de Biovic, lo que pone en duda la imparcialidad del documento.

Biovic Consulting, con sede en Valencia, está presidida por Luis Puchades, quien a su vez dirige la Asociación Española de Biogás (AEBIG), principal lobby del sector. Esta asociación patrocinó el evento ‘Renmad Biometano 2025’ celebrado en Toledo, con la participación de altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos la consejera de Desarrollo Sostenible y el director general de Calidad Ambiental.

La organización ecologista también critica que uno de los informes que fundamenta el plan regional fue elaborado por SEDIGAS con la colaboración de Biovic, lo que implica, en la práctica, que la empresa “se cita a sí misma” como fuente de referencia.

Además, señala que el plan ofrece una visión "sesgada", minimizando las posibles afecciones a la salud o al bienestar de las personas. De hecho, Biovic ha participado en plantas de biogás que han generado controversias por malos olores en municipios como Vall d’Uixò (Castellón) y Llutxent (Valencia), donde incluso el ayuntamiento se ha unido a las protestas vecinales.

Ecologistas en Acción recuerda que, aunque la adjudicación directa está contemplada legalmente en ciertos casos, “es fundamental que los procesos de contratación se realicen de forma justa y transparente, evitando cualquier conflicto de intereses que comprometa la objetividad y el beneficio público”. En su opinión, lo ocurrido en Castilla-La Mancha “pervierte el espíritu de la ley” y deja en evidencia una preocupante falta de garantías en la planificación ambiental del biometano en la región.

Publicado en: CLM 24, 08-07-2025

 

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